Blanqueo de capitales

Civil, Mercantil

Para los abogados en ejercicio, tan importante como conseguir un buen cliente, es conocer con quién realmente se está estableciendo la relación de negocio con el fin de que dicha relación no pueda servir a otros fines espurios alejados de la misma, como podrían serlo el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Para prevenir desagradables sorpresas, como las citadas anteriormente, debemos fijarnos en lo que establece la normativa que regula estas cuestiones, concretamente en la Ley  10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo  y el Real Decreto
304/2014, de 5 de mayo
que aprueba el Reglamento que la desarrolla.

En primer lugar, delimitemos qué se entiende por blanqueo de capitales, que es definido por el artículo 1.2 de la citada ley como:

a) La conversión o la transformación de bienes que procedan de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva,

b) La ocultación o encubrimiento de la naturaleza, origen, localización, disposición, movimiento, o propiedad real de los bienes que proceden de una actividad delictiva o de la participación en la misma.

c) La adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas que provienen de una actividad delictiva o de la participación en la misma.

d) La participación en alguna d las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlos o de ayudar o instigar a su ejecución.

Asimismo, el artículo 2  de la consabida ley realiza una relación de los sujetos obligados por la misma, entre los que se encuentran los abogados y sin vocación de realizar una numeración exhaustiva, los promotores inmobiliarios, los joyeros, los auditores, los notarios y una largo etc. Es interesante echar un vistazo a dicho artículo porque en más de una ocasión nos encontraremos con clientes que querrán saber si deben cumplir con las obligaciones que la ley regula.

En este sentido,  se debe aclarar que la ley establece  una serie de obligaciones que los sujetos obligados por ella deberán cumplir antes de formalizar sus relaciones mercantiles, las más importantes de las cuales citamos a continuación.

1. Obligación de identificación formal: esta obligación consiste en comprobar, mediante documentos fehacientes la identidad de las personas físicas y/o jurídicas con las que se pretenda establecer una relación de negocio o intervenir en cualquier otro tipo d operación ocasional cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros.

2. Obligación de identificar la titularidad real: En este sentido  aclarar que se considerará titular real de una persona jurídica a aquella persona o personas que en última instancia controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la misma, o que controlen su gestión, directa o indirectamente, mediante acuerdos o disposiciones estatutarias u otros medios.

3. Obligación de identificar el propósito de la relación de negocios: Es decir,  deberemos recabar información  sobre la actividad profesional o empresarial de aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan establecer una relación de negocios con nosotros o nuestros clientes.

4. Obligación de seguimiento de la relación de negocios: Esta obligación viene ligada a la anterior, no sólo debemos determinar cuál es la relación de negocios inicialmente, sino que debemos llevar un control para asegurarnos de que dicha relación de negocios coincida con la actividad profesional o empresarial de la otra parte. Para cumplir con esta obligación, mientras dure la relación realizaremos de forma periódica procesos de revisión para recabar  nuevos datos y documentación que nos permitan así mantener nuestra información actualizada.

5. Obligación de mantener una diligencia debida y prohibición de revelación: Si a lo largo de nuestra relación de negocios surgieran indicios de certeza de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, tras proceder a la identificación y verificación de la identidad de la otra parte y de su titularidad real en el caso de que esta sea una persona jurídica, se deberá proceder a una examen en profundidad de la operación y a la posterior comunicación de este hecho al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias. Podrá omitirse la realización de estas comprobaciones si realizándolas, pudiera revelarse a la otra parte el especial examen o la comunicación de la relación de negocios al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención. Bajo ningún concepto podremos informar a la otra parte de estos extremos  pues  esta podría ocultar pruebas y de esa manera pondríamos en riesgo la investigación que  finalmente hubiese de demostrar que efectivamente se está cometiendo  un blanqueo de capitales o una financiación del terrorismo.

6. Obligación de conservación de la documentación: finalmente, es importante remarcar que toda la documentación obtenida y generada en aplicación de las medidas de diligencia debida, tendrá que ser conservada durante al menos 10 años desde la finalización de la relación o la ejecución de la operación ocasional.

Sin embargo, una vez hemos plasmado la relación de las obligaciones a cumplir  por los sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, hay que advertir que no siempre deberemos dar cumplimiento a las mismas, puesto que existen una serie de obligaciones simplificadas para el caso en que nos dispongamos a establecer una relación de negocios con :

a) Una entidad de derecho público.

b) Una sociedad  o persona jurídica controlada mayoritariamente por una entidad de derecho público.

c) Una  entidad financiera,  su sucursal o su filial.

d) Una sociedad cotizada cuyos valores se admitan o negocien en un mercado regulado por la UE o país tercero equivalente.

Estas medidas simplificadas de diligencia debida podrán consistir en:

1. La comprobación de la identidad del cliente o de la titularidad real cuando se supere el lindar cuantitativo con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios.

2. La reducción en la periodicidad del proceso de revisión documental

3. La reducción en el seguimiento de la relación de negocio

4. No recabar información sobre la actividad profesional o empresarial del cliente, deduciéndose el propósito y la naturaleza del tipo de relación de negocios establecida.

Como habréis podido apreciar, de todas las obligaciones citadas, quizás las dos más importantes sean la de identificación formal y la de identificación de la titularidad real. Para cumplir con ellas deberemos pedir la documentación adecuada a tal fin, con lo que algunos de los documentos que nos puede ser útiles son:

– Para las personas físicas: el DNI, el pasaporte, la Tarjeta de residencia, documento de identidad emitido por el Ministerio de asuntos exteriores, etc.

– Para personas jurídicas: documentos públicos  que acrediten su existencia, su objeto social su denominación así como la identidad de sus administradores y sus estatutos; documentos públicos acreditativos de los poderes conferidos o certificación del registro mercantil provincial, etc.

En conclusión, lo más importante para un buen asesoramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención del Blanqueo de capitales es, en primer lugar, determinar si nuestros clientes son sujetos obligados y, si lo son, determinar si deben cumplir con las obligaciones generales o con las simplificadas, para posteriormente asesorarles con el cumplimiento de las mismas.


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