Compraventa de inmuebles: Ojo con las cuotas de comunidad de propietarios

Civil

Una de las cuestiones más importantes cuando adquirimos un inmueble es conocer su estado de deudas, concretamente las que puedan existir con la Comunidad de Propietarios. Y no es una cuestión menor, puesto que, en el caso de estas deudas, la ley prevé un régimen responsabilidad directa para el adquirente de la cual responde la propia finca. 

La Ley de Propiedad Horizontal establece que el adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la Comunidad de Propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores -en el caso de Cataluña, la responsabilidad se amplía a los cuatro años naturales anteriores-.

No obstante, si bien también existe una obligación por parte del transmitente de aportar la certificación sobre el estado de deudas con la Comunidad -ya sea conforme se encuentra al corriente de pago de sus cuotas o bien relativa al importe de las deudas existentes-, también prevé le ley la posibilidad de que el adquirente exonere al transmitente de esta obligación. Y ahí radica el riesgo… porque tal como está delimitada esta responsabilidad, no se trata únicamente de una responsabilidad personal, sino que la finca responde de forma directa de esta obligación. Debe tenerse en cuenta que el hecho de exonerar al transmitente de entregar la certificación no excluye en ningún caso la posibilidad que la Comunidad de Propietarios nos reclame las deudas pendientes que puedan existir -con el límite legal previsto-.

De este modo, remarcamos la importancia de no exonerar al transmitente de la entrega de la certificación del estado de deudas y confirmar previamente a la adquisición de un inmueble que se encuentra al corriente de pago con la Comunidad de Propietarios. Sin duda será la mejor manera de evitar una reclamación que no podremos eludir. Esta certificación deberá ir firmada por el Secretario de la Comunidad y con el Visto Bueno del Presidente, quienes responderán, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios ocasionados por el retraso en su emisión (la ley establece que deberá entregarse en un plazo máximo de siete días naturales desde su solicitud).


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