Los problemas prácticos de la subasta judicial electrónica

Hipotecario, Procesal, Sin categoría

Como informábamos en nuestro anterior post de 05-10-2015, el pasado 15 de octubre de 2015 se puso en marcha la subasta judicial electrónica, una medida que ha supuesto una auténtica revolución respecto a la anterior normativa de subasta presencial. La aplicación telemática pretende solventar la falta de publicidad y transparencia del modelo anterior, pero, a pesar de la ventajas proyectadas en esta medida, la realidad ha demostrado que las pretendidas ventajas del nuevo sistema de subasta electrónica no han sido tales ante la falta de previsión del legislador y la de medios, cuya consecuencia directa ha sido la paralización temporal de cientos de procesos de ejecución, dilatando en el tiempo la conclusión de un acto judicial que hace pocos meses apenas duraba minutos.

Han sido numerosos los procedimientos que se han visto afectados por la implantación del antedicho sistema, pues el legislador no tuvo en cuenta que la oficina  judicial no disponía de  los medios suficientes para llevarla a cabo de un modo efectivo. Esta cuestión parece estar ya resuelta en la mayoría de partidos judiciales del territorio español, no obstante lo cual resulta imprescindible un análisis en profundidad de todo el sistema, pues desde mi punto de vista son varias las cuestiones que deberían modificarse para que este resultara plenamente efectivo y práctico.

Si bien los aspectos positivos del nuevo sistema pueden resumirse en la eliminación de la subasta presencial en las Oficinas Judiciales, un aumento en la publicidad de los bienes subastados así como la mejora en el sistema de pago y devolución de las pujas al delegarse esta función a la Administración Tributaria (evitando la espera a los postores en la devolución de las consignaciones hasta ahora realizadas en la Oficina Judicial); deben tenerse especialmente en cuenta los aspectos negativos detectados por los profesionales que lidiamos en el día a día con la novedosa subasta electrónica.

Nos referimos, entre otros, a la duración y horario de cierre de la subasta,  al pago de una tasa judicial por la obligatoriedad de su publicación en el BOE, y a la falta de comunicación a los acreedores del inicio de la subasta.

Y es que las subastas concluyen a las 00:00 horas del día 20 desde su publicación en el portal, lo que constituye una confrontación total al derecho a la conciliación familiar y laboral de los profesionales jurídicos y licitadores, los cuales debemos velar por el interés de nuestros clientes las 24 horas del día. Además, el cómputo se lleva a cabo con días y horas naturales, lo que no tiene ningún sentido cuando en todos los procesos de la jurisdicción civil las actuaciones deben realizarse en horas y días hábiles (art. 130.1 LEC).

Honestamente, creo que deberían permitirse las licitaciones hasta las 20:00 horas y siempre en días hábiles, incluyéndose, en todo caso, como hora de cierre de la subasta, las 15:00 horas del siguiente día hábil al último día posible para pujar. Del mismo modo, debería reducirse también la duración de la subasta. ¿Por qué un plazo de 20 días cuando anteriormente el acto duraba escasos minutos? Con un plazo de 10 días sería más que suficiente, ayudando con ello a ganar celeridad y agilidad a la ejecución.

Por otro lado considero imprescindible la eliminación de la nueva tasa judicial implantada como consecuencia de la obligatoriedad de publicar la subasta en el B.O.E., pues carece de sentido lógico gravar más a los acreedores. Si más no, debe mejorarse el sistema de gestión de su pago (no puede liquidarse desde el Portal de Subastas) así como agilizar la apertura de licitación: una vez liquidada la tasa el sistema debería proceder a la publicación automática del anuncio de la subasta, evitando con ello dilaciones innecesarias y, por supuesto, debería ser la propia aplicación la que comunicara fehaciente y automáticamente al acreedor (de cuyos datos ya dispone) la publicación en el B.O.E. y por tanto el inicio de la subasta al día siguiente, extremo que en la práctica no está sucediendo.

En conclusión, si bien la subasta electrónica ha supuesto un cambio absoluto en nuestro sistema de subastas judiciales, el desarrollo que la misma está teniendo en la práctica debe invitar al legislador a solventar las carencias detectadas, en aras a perfeccionar su regulación, lo que beneficiaría a todos los operadores que intervenimos en la misma.


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