Ley de la Jurisdicción Voluntaria

Civil, Procesal

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria es una Ley innovadora y, a la vez, compleja puesto que dibuja un  escenario completamente distinto del que había hasta ahora: nuevos operadores jurídicos en juego, con competencias exclusivas y otras compartidas. A su vez comporta también la modificación de artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Al respecto, cabe destacar que supone el final de la exclusividad de la intervención del Juez en materia de jurisdicción voluntaria. Así pues, una de las grandes novedades que comporta es la ampliación de los operadores jurídicos que pueden intervenir en determinados actos de jurisdicción  voluntaria, no en todos. Estos operadores son los Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles, así como Secretarios Judiciales (ahora denominados Letrados de la Administración de Justicia).

En determinados casos, corresponde al ciudadano escoger qué  operador jurídico intervendrá en la defensa de sus derechos: si el Secretario Judicial (haciendo uso  de los medios que dispone la Administración de Justicia a su disposición, tales como el punto neutro judicial para averiguar judicialmente los domicilios de personas desaparecidas) o bien el Notario o Registrador (abonando, en este caso, los aranceles correspondientes).

En algunos casos, existirá competencia compartida, entre los Secretarios Judiciales y los Notarios o Registradores y en otros, competencia exclusiva por parte de Notarios o  Registradores.

A modo de ejemplo, los Notarios intervendrán en la  mayoría de actos de carácter testamentario sucesorio, como la declaración de herederos abintestato o la protocolización de testamentos, la realización del ofrecimiento de pago o en la admisión de depósitos o en  la venta de los bienes depositados.

A la vista que esta Ley  atribuye en exclusiva a Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles determinados expedientes, se prevé que los ciudadanos que tengan que acudir a estos operadores y que tengan falta de medios económicos puedan obtener el derecho de  justicia gratuita, en caso de falta de medios. Téngase en cuenta que en los expedientes de jurisdicción voluntaria no existe la condena en costas.

A pesar de lo anterior, se le reserva al Juez en exclusiva su intervención en asuntos  de jurisdicción voluntaria relativos a personas (el estado civil, cuando éste en juego los derechos de los menores o personas con capacidad modificada judicialmente), a familia y en alguno de los  expedientes en materia mercantil y de derecho de obligaciones.

Por último, destacar que su aplicación práctica deberá ser observada detenidamente para ver si se resuelve de una manera óptima y eficiente, por ejemplo, el ejercicio de las competencias compartidas entre el Secretario Judicial y el resto de nuevos operadores jurídicos. En definitiva, si su aplicación se traduce en un beneficio directo a la tutela de los derechos de los ciudadanos.


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