Modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil

Civil, Procesal

La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante la Ley) ha introducido importantes cambios en la Administración de Justicia así como en la mayoría de los procedimientos judiciales. A continuación, hacemos referencia a las últimas modificaciones más relevantes:

1)    Del Juicio ordinario: Se impone la obligatoriedad de la nota de prueba. La proposición de prueba se deberá proponer de forma verbal pero, como novedad, en ese mismo acto se deberá aportar escrito detallado de la misma. La omisión de la presentación de dicho escrito no dará lugar a la inadmisión de la prueba, quedando condicionada ésta a que se presente en el plazo de los dos días siguientes.

2)    Del Juicio Verbal: La contestación a la demanda se efectuará por escrito en el plazo de diez días desde el traslado de la misma. Su contenido y forma se equipara al juicio ordinario. El momento adecuado para impugnar la cuantía o la clase de juicio por razón de la cuantía será en la contestación escrita, cuestión que se resolverá en la vista antes de entrar en el fondo del asunto. Asimismo, el demandado deberá pronunciarse necesariamente por escrito sobre la pertinencia de la celebración de la vista. Igualmente, el demandante deberá pronunciarse sobre ello, en el plazo de tres días desde el traslado del escrito de contestación. Si ninguna de las partes solicitase la vista y el tribunal no considerase precedente su celebración, dictará sentencia sin más trámites. En cuanto al desarrollo de la vista, comparecidas las partes, el tribunal comprobará si subsiste el litigio entre ellas o si por el contrario han llegado a un acuerdo (el cual deberá ser homologado judicialmente) o quieren someterse a la mediación (solicitando la suspensión del procedimiento judicial hasta la resolución de la mediación). No obstante, cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo la vista continuará fijándose los hechos sobre los que existe contradicción, se propondrá prueba y se practicarán todas aquellas que resulten admitidas. Se introduce la figura del recurso de reposición contra las resoluciones del tribunal que admitan o inadmitan las pruebas propuestas, quedando la protesta solamente para la desestimación de la reposición. Practicadas las pruebas, la vista se concluirá con el turno de palabra de las partes para formular oralmente conclusiones.

3)    Del monitorio: Las razones por las que el deudor considere que no debe la cantidad reclamada habrán de ser alegadas mediante un escrito de oposición que deberá ser fundado y motivado. La oposición se trasladará al actor para que pueda impugnarla por escrito en el plazo de diez días. En ambos escritos se deberá expresar necesariamente sobre la necesidad o no de celebrar vista. Se introduce, también como novedad, el examen previo al requerimiento de pago de las posibles cláusulas abusivas que constituya fundamento de petición o que hubiese determinado la cantidad exigible cuando la deuda se funde en un contrato entre empresario o profesional y un consumidor o usuario. Cuando se apreciara alguna de estas cláusulas, se dará audiencia a las partes dentro de los cinco días siguientes y con posterioridad se dictará el auto procedente, el cual será directamente apelable. Otra modificación consiste en la supresión del plazo de 20 días previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para instar el despacho de ejecución para los supuestos en los que el deudor no compareciera o no atendiera el requerimiento de pago y el secretario judicial haya dictado decreto dando por terminado el proceso monitorio.

4)    De los Procuradores: Se establecen nuevas competencias para los procuradores tales como la realización de tareas de auxilio y cooperación con los tribunales. En cuanto a los actos procesales de comunicación que deban efectuarse ostentarán siempre capacidad de certificación. El apoderamiento “apud acta” del procurador se extiende a la comparecencia electrónica sin la necesidad de que el procurador concurra personalmente en el momento del apoderamiento.

5)    De las actuaciones judiciales: Se implanta la obligación de sistemas telemáticos. Por regla general, a partir del 1 de enero de 2016, todos los escritos y documentos deberán presentarse vía telemática, salvo aquellos que no puedan ser susceptibles de conversión electrónica.

Por tanto, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, tiene como objetivos principales: 1) que los medios electrónicos sean la forma normal de tramitación de los procedimientos judiciales y el medio oficial para que la Administración de Justicia se relacione con los profesionales jurídicos y los ciudadanos; 2) que los procedimientos judiciales se agilicen gracias a la posibilidad de que las partes puedan decidir sobre la celebración de la vista, garantizando así una pronta resolución judicial.


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