Nueva ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas

Administrativo

El pasado viernes 2 de octubre se publicó en el BOE la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), que entrará en vigor al año de su publicación, excepto las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley.

La LPAC deroga, entre otras, la Ley 30/1992 (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) y la Ley 11/2007 (acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos).

A continuación se exponen las novedades más destacadas de la LPAC:

1)      Se amplía el ámbito subjetivo de la aplicación de la Ley, que se extiende al “sector público institucional” y se incluye, de forma expresa, en determinados supuestos, a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.

2)      La inclusión de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones. Fomento de la participación ciudadana en los procedimientos de elaboración de normas.

3)      Se introduce el cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de esta forma el cómputo de los plazos en el ámbito judicial y el administrativo.

4)      Las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la “tramitación simplificada” del procedimiento, cuando existan razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Se establece un plazo máximo de resolución de 30 días.

5)      Se implanta la gestión electrónica del procedimiento: expedientes administrativos en formato electrónico, creación de una Registro Electrónico General y un archivo electrónico único; notificaciones electrónicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, etc.

6)      Las obligaciones de pago derivadas de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda Pública, se efectuará preferentemente mediante tarjeta de crédito y  débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria o cualesquiera otros medios que se autorice por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.

7)      En materia de representación ante la Administración, se incluyen nuevos medios para acreditarla en el ámbito exclusivo de las Administraciones Públicas, como son el apoderamiento “apud acta”, presencial o electrónico, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública o Organismo competente.

8)      Las especialidades del procedimiento sancionador y el de responsabilidad patrimonial se regulan en el procedimiento administrativo común. Se derogan los correspondientes Reglamentos de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, y del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

9)      Supresión de la obligatoriedad de la reclamación en vía administrativa como requisito previo en el ejercicio de acciones fundadas en derecho civil o laboral.


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