Plusvalías en entredicho

Fiscal

El impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía municipal, es un impuesto directo regulado actualmente por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas. Éste afecta a los bienes de naturaleza urbana, y se aplica en los supuestos de trasmisiones de los bienes inmuebles (ya sea trasmisiones a título lucrativo como donaciones o herencias, o a título oneroso como compraventas). El impuesto se calcula en base al valor catastral del suelo (no de construcción) del bien transmitido y aumenta en función de los años transcurridos entre la adquisición de éste y la trasmisión, con total independencia de la ganancia real obtenida en la trasmisión. Así pues, la base imponible del impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, tomando como base para calcularlo el valor del terreno y el % de incremento que se calcula multiplicando el número de años enteros transcurridos des de la última transmisión multiplicado por el coeficiente establecido por el Ayuntamiento, que deberá regularse dentro de los límites establecidos en la Ley de Haciendas Locales.

Situación actual y jurisprudencia

Dejando de banda las principales exenciones y bonificaciones que establece la ley, queremos poner de relieve como la situación actual ha hecho que este impuesto actualmente haya estado muy criticado y en entredicho, ya que la razón de ser de éste es más que cuestionable en muchos de los casos en los cuales se aplica. Así pues, si bien des de hace un tiempo la normalidad era que los inmuebles se transmitieran por un precio superior al satisfecho en el momento de su adquisición, y por lo tanto el impuesto tenía su sentido, actualmente como bien sabemos, en la situación de crisis actual el panorama es bastante diferente. Así pues, a raíz de las continuadas caídas de los precios del mercado inmobiliario, hoy en día, muchas de las transmisiones de los inmuebles que tienen lugar en el Estado español se están realizando por un precio inferior al de su adquisición, por la cual cosa el impuesto puede llegar en muchos casos a ser injusto, dado que se está grabando una situación que en ningún caso es de beneficio para el sujeto pasivo, sino al contrario.

Por dicha razón, cada vez más son las sentencias de los Tribunales que rehúsan la aplicación del impuesto de manera automática. Algunos consideran, que para evitar la aplicación de una regla injusta, si en la venda no hay beneficio, simplemente no se ha dado el hecho imponible y por lo tanto no hay deuda tributaria. Otros consideran que un artículo que grava el incremento de valor de forma objetiva sería inconstitucional, por lo cual, para interpretar la ley de manera que sea constitucional, la única forma es si se considera que el importe del cálculo es máximo y que éste se podrá reducir o anular si se demuestra que la plusvalía ha estado menor o inexistente.

Es de destacar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 18 de Julio de 2013 que concluye que si se puede acreditar y probar que en el caso concreto no ha existido ningún incremento en términos económicos reales, la plusvalía no se puede exigir, ya que faltaría un elemento esencial del hecho imponible que es el incremento del valor de los inmuebles.

Conclusiones

Aunque como hemos visto, cada vez más, tanto jurisprudencial como doctrinalmente, se está poniendo de relieve la injusta regulación del citado impuesto, mientras no haya un cambio legislativo los Ayuntamientos continuaran solicitando el ingreso derivado del cálculo objetivo que aplican y los plazos de ingreso serán los mismos.  

Por ello, des de aquí recomendamos, que la manera correcta de proceder para evitar sanciones no deseadas es la presentación e ingreso de la autoliquidación en plazo y a continuación, si se estima que estamos delante de uno de los casos en que la transmisión ha estado por un valor inferior al de adquisición, se solicite la rectificación de la liquidación y la consiguiente devolución del pago indebidamente ingresado. Dado que los tribunales cada vez más y de manera unitaria están apoyando ésta posición es una muy buena opción a tener en cuenta.


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