Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad

Laboral

Las empresas públicas o privadas que ocupan a 50 trabajadores o más, están obligadas a la reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad.

A efectos de cómputo del dos por ciento de los trabajadores con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores, hay que tener en cuenta las siguientes reglas:

 1.- El periodo de referencia serán los 12 meses anteriores, haciendo una media de trabajadores ocupados. Los trabajadores contratados a tiempo parcial, y fijos discontinuos no tienen reglas especiales.

 2.- Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada de más de un año se deben computar como trabajadores fijos de plantilla.

 3.- Los contratados por un plazo de hasta un año, deben computarse según el número de días trabajados en el periodo de referencia (incluidos los efectivamente trabajados, los descansos semanales, festivos y las vacaciones), cada 200 días trabajados o fracción se computan como un trabajador más.

Una vez determinada la plantilla, debe aplicarse sobre la misma el 2%, el número resultante es la cuota de trabajadores con discapacidad que la empresa debe tener contratados. Así pues:

– Empresas con menos de 50 trabajadores: 0 trabajadores de cuota

– Empresas de 50 a 99 trabajadores: 1 trabajador

– Empresas de 100 a 149 trabajadores: 2 trabajadores

– Y así sucesivamente, sin que exista la obligación de contratar uno más hasta el siguiente número.

Las empresas que tengan 50 o más trabajadores deben comunicar al SEPE la relación de los puestos ocupados por trabajadores con discapacidad.

Cabe destacar los siguientes aspectos:

 – Es trabajador con discapacidad: el que tiene reconocido un grado de, al menos el 33%, el que tiene reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Es suficiente con que el trabajador tenga reconocido el derecho a la pensión aunque no la esté percibiendo en ese momento.

– La contratación del trabajador con discapacidad puede ser bajo cualquier modalidad.

– No se admite la consideración de los grupos de empresa, ni a efectos de cómputo de plantilla ni a efectos del cumplimiento de la obligación. Las obligaciones se deben determinar en cada una de las empresas de manera diferenciada.

Así mismo, el RD 364/2005 establece las medidas alternativas de carácter excepcional en el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 trabajadores o más.

Por lo tanto, excepcionalmente los empresarios obligados a cumplir esta cuota de reserva pueden quedar exentos de esta obligación, cuando quede reflejado en la negociación colectiva o bien por opción voluntaria del empresario debidamente comunicada a la autoridad laboral.

Las empresas pueden quedar exentas de esta obligación excepcionalmente, entendiendo que se da la nota de excepcionalidad en los siguientes casos:

a) Cuando la incorporación de un trabajador con discapacidad a la empresa obligada se deba a la imposibilidad por parte de los servicios públicos de ocupación, o a las agencias de colocación, de atender la oferta de ocupación presentada. En este caso, se presentará una oferta de ocupación para minusválidos en los servicios públicos de ocupación, que deberá concluir con un resultado negativo, ya sea por la inexistencia de demandantes de ocupación con discapacidad inscritos, o aun habiendo, acrediten que no están interesados en las condiciones de trabajo ofertadas.

 b) Cuando haya, y así las acredite la empresa obligada, cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad. Como acreditación de estas circunstancias los servicios públicos de ocupación pueden exigir la aportación de informes o certificaciones de entidades públicas o privadas.

Cabe decir, que las empresas tienen que solicitar a los servicios públicos de ocupación la declaración de excepcionalidad con carácter previo a la adopción de medidas alternativas. El plazo para resolver sobre la excepcionalidad será de dos meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Una vez transcurrido este plazo se entiende que el resultado es positivo por silencio administrativo. La certificación de excepcionalidad tiene una validez de tres años, una vez transcurrido este plazo, las empresas tendrán que volver a solicitarla.

MEDIDAS ALTERNATIVAS

El artículo 2 de RD 364/2005 establece las siguientes medidas alternativas:

1.- La subscripción de un contrato mercantil o civil con un centro especial de ocupación o con un trabajador autónomo con discapacidad, para el suministro de  materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el ejercicio de la actividad de la empresa.

 2.- La suscripción de un contrato mercantil o civil con un centro especial de ocupación o con un trabajador autónomo con discapacidad, para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad de la empresa.

 3.- La realización de donaciones y de acciones de patrocinio siempre de carácter monetario, para ejercer actividades de inserción laboral y de creación de ocupación de personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de estas acciones sea una fundación o una asociación que tengan como objeto social la formación profesional, inserción laboral o creación de ocupación de personas con discapacidad.

 4.- La constitución de un enclave laboral con la suscripción previa del contrato correspondiente con un centro especial de ocupación. Se entiende por enclave laboral el contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo y un centro especial de ocupación, para la realización de obras o servicios que tengan una relación directa con la actividad normal de aquella y para la realización de la cual un grupo de trabajadores con discapacidad del centro especial de ocupación se deba desplazar temporalmente al centro de trabajo de la empresa.

IMPORTES MEDIDAS ALTERNATIVAS

Los importes anuales de los apartados 1, 2 y 4 deben ser al menos de 3 veces el indicador de renta de efectos múltiples (IPREM) anual, por cada trabajador con discapacidad que haya dejado de contratar por debajo de la cuota del 2%. (IPREM 2016: 7.455,14. Serían 22.365,42€)

Los importes del apartado 3 debe ser, al menos, de 1,5 veces el indicador de renta de efectos múltiples (IPREM) anual, para cada trabajador con discapacidad que haya dejado de contratar por debajo de la cuota del 2% (IPREM 2016: 7.455,14. Serían 11.182,71€)

Debiendo la empresa cumplir el importe autorizado cada uno de los 3 años de vigencia.


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