Aprobado el proyecto de ley para proteger a los “WHISTLEBLOWERS”

Compliance

El pasado martes 13 de septiembre de 2022 el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre infracciones del ordenamiento jurídico europeo y/o nacional, y de lucha contra la corrupción.

El texto transpone la Directiva conocida como “Whistleblowers” (Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión), y lo hace con un importante retraso, pues el plazo fijado para ello venció el 17 de diciembre de 2021.

Dicho proyecto tiene como objetivo central, según el Gobierno, proteger de forma eficaz y efectiva a todas aquellas personas que comuniquen informaciones relativas a infracciones del derecho europeo y/o nacional. Tal protección se aplica en los sectores público y privado y, además, no se limita a proteger a los trabajadores, pues la norma también resultará aplicable a autónomos, miembros de órganos directivos, accionistas, extrabajadores o incluso becarios.

La protección se canaliza básicamente mediante el establecimiento de canales protegidos de información, así como la prohibición de adoptar represalias contra los informantes. Además, se permite informar de forma anónima, en la línea seguida por otros modelos de protección del informante ya implantados a nivel internacional, europeo y autonómico. El plazo máximo para investigar el asunto y responder al informante será de tres meses, si bien podrá prorrogarse en caso de especial complejidad.

Aunque la norma establece como cauce preferente los sistemas internos de información, también prevé la existencia de canales externos de denuncia, que serán canalizados por una Autoridad Independiente de Protección del Informante, aún pendiente de creación y que se adscribirá al Ministerio de Justicia.

La ley prevé un régimen sancionador para, entre otros, aquellos casos en los que un informante no reciba la oportuna protección o para el supuesto en el que comunique o revele públicamente información a sabiendas de su falsedad. Entre las sanciones, además de las multas económicas que van desde los 10.000 euros al millón de euros, cabe la amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales en un plazo de cuatro años o la prohibición de contratar con el sector público en un plazo de tres años.

La obligación de contar con canales internos de denuncia se extiende a todas las entidades públicas, incluidos los Ayuntamientos -si bien los que tengan menos de 10.000 habitantes podrán compartirlos con otras entidades locales de su misma comunidad autónoma-. En el sector privado, la obligación recae sobre las empresas a partir de cincuenta trabajadores, así como sobre los partidos políticos, los sindicatos y las fundaciones que reciban fondos públicos, con independencia de su número de empleados.

Cabe destacar que la norma permite que la gestión de dichos sistemas internos de información se pueda llevar a cabo tanto dentro de la propia entidad u organismo, como acudiendo a un tercero externo, si bien en todo caso deberá designarse a un responsable de los mismos, que podrá ser una persona física o un órgano colegiado.

Se otorga un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley para implantar los canales internos de denuncia, aunque para las entidades jurídicas del sector privado con menos de 249 trabajadores dicho plazo se extenderá hasta el 1 de enero de 2023.

Es muy recomendable que todas aquellas entidades obligadas inicien el proceso de implementación lo antes posible. En Mes Advocats estamos a su disposición para asesorarlas y acompañarlas a lo largo de todo el proceso.


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