La reforma de la Ley del Mecenazgo a debate

Fiscal

La RAE define el mecenazgo como la “protección o ayuda dispensadas a una actividad cultural, artística o científica”. En esencia, el mecenas actúa desinteresadamente, movido por el altruismo y su compromiso social.

En España, esta actividad se regula mediante la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Esta norma se reformó por última vez en el año 2014, introduciéndose, entre otras cuestiones, una deducción del 75% sobre los primeros 150 € donados a entidades sin ánimo de lucro. De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, dicha modificación potenció la donación de las personas físicas a partir del año 2016, aumentando las deducciones por donativos en más de un 37%. Con todo, el tercer sector califica está norma, aprobada hace ya 20 años, como insuficiente y obsoleta, y considera que su reforma integral aumentaría sin duda los donativos y el número de donantes.

Según la Asociación Española de Fundaciones, la Agencia Tributaria estimó el coste fiscal del mecenazgo en 2020 en poco menos de 700 millones de euros, frente a los más de 15.000 millones de euros de gasto en fines de interés general realizados por entidades no lucrativas. Con todo, España está lejos de situarse a la cabeza de donaciones a nivel europeo. Un estudio de la European Fundraising Association de 2017 nos sitúa en el séptimo lugar por detrás de países como Alemania, Francia, Italia o Países Bajos.

Las entidades sin ánimo de lucro defienden que la promoción de la filantropía en España pasa por una reforma de los incentivos fiscales del mecenazgo. Aunque celebran cambios legislativos como el operado por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que suprimió el IVA de las donaciones de alimentos y productos no alimentarios a entidades sin fines lucrativos, demandan una reforma integral de la Ley del mecenazgo. Defienden que ello permitiría, entre otras cosas, establecer nuevos modelos de financiación social y fijar una mayor demanda de transparencia.

El 20 de mayo de 2020 el Gobierno presentó un proyecto de ley para modificar la Ley del mecenazgo, cuyo plazo de enmiendas finalizó en otoño del año 2021. Ese mismo año dos Grupos Parlamentarios presentaron dos propuestas de ley que fueron debatidas: una el Grupo Parlamentario Nacionalista, que recibió el refrendo de la Cámara, y otra que la enmendaba, del Grupo Parlamentario Popular, y que resultó rechazada. La primera de ellas, presentada por el PDeCAT, promovía, entre otras cuestiones: una deducción del 90% para los primeros 150 € que se donasen a una entidad sin ánimo de lucro, siendo la deducción del 50% respecto del resto del importe donado; incentivos fiscales que beneficiasen las donaciones mediante crowfunding; así como deducciones de hasta el 20% por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial. Según las estimaciones efectuadas por la Agencia Tributaria, las deducciones y exenciones contempladas en la citada proposición tendrían un impacto aproximado en las arcas públicas de 295 millones de euros al año.

El 12 de julio de 2022, durante el debate del Estado de la Nación, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció la aprobación de una nueva Ley del Mecenazgo, si bien tampoco fijó plazo alguno al respecto.

Sin embargo, recientemente la situación parece haberse desencallado. Fruto de una Jornada de debate sobre la Ley del Mecenazgo celebrada el pasado lunes 17 de octubre de 2022 en el Congreso de los Diputados, se ha alcanzado un compromiso para agilizar el proceso de reforma de dicha norma. Más concretamente, la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha afirmado que la semana próxima convocará la ponencia que iniciará la tramitación de la iniciativa. Una noticia que han celebrado las principales entidades del tercer sector, que también asistieron a dicho acto.

Tales entidades, entre las que se encuentran la Asociación Española de Fundaciones, la Asociación Española de Fundraising o la Plataforma del Tercer Sector, en un documento titulado “Manifiesto por la filantropía. El mecenazgo no puede esperar más”, exigen que esta nueva norma:

  1. Ajuste de la definición de entidades sin ánimo de lucro;
  2. Actualice el listado de fines de interés general previsto en la ley (incluyendo la inversión sostenible o de impacto social y la divulgación científica o el emprendimiento social por parte de entidades no lucrativas);
  3. Permita al tercer sector participar en la definición de las áreas prioritarias de mecenazgo;
  4. Compatibilice la donación con el reconocimiento a los mecenas/donantes;
  5. Reconozca el mecenazgo de competencias o profesional;
  6. Prevea nuevas fórmulas de financiación condicionadas a los resultados de impacto social que se logren, o la financiación gratuita de sus actividades;
  7. Promueva la inversión alineada con la misión social a través de inversiones de impacto social;
  8. Fomente los llamados “fondos de dotación” o “endowments”;
  9. Amplíe de los límites de las deducciones y adecúe los incentivos a la capacidad de contribución;
  10. Incorpore las plataformas de financiación participativa; y
  11. Busque soluciones al pago del IVA por parte de las entidades no lucrativas.

Todavía está por ver si el texto definitivo de la ley incluirá o no todas las demandas efectuadas por las entidades no lucrativas, así como los efectos que las deducciones y los incentivos fiscales tendrán respecto al número e importe de las donaciones, si bien parece que el proceso legislativo, por fin, avanza.


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